Por Mario Leyva

[Segunda Parte]

Dentro de los conflictos socioambientales[i] existentes en México, el caso de la defensa del territorio y la cultura otomí en San Francisco Xochicuautla y algunos pueblos del Alto Lerma, como Huitzizilapan y Ayotuxco, representan en el escenario estatal y nacional el fallo de las políticas de Estado en materia de derechos humanos, derechos culturales para las comunidades indígenas afectadas por proyectos. Leyes y reformas de corte neoliberal que depredan sus territorios, rompen el tejido social y muestran el actuar de la faceta actual del sistema y civilización capitalista.

Cabe señalar que dentro de este conflicto surgen las resistencias indígenas y populares como respuesta a los atropellos gubernamentales y a la presión de las empresas trasnacionales y mexicanas, que en el caso referido, se trata de la constructora HIGA, propiedad de Arando Hinojosa Cantú -empresario cercano al régimen priista de Enrique Peña Nieto y señalado como cómplice de corruptelas y negocios turbios del actual presidente-, la que busca construir una autopista de cuota, además de proyectos inmobiliarios de lujo.

Ante este panorama es necesario repensar al Estado mexicano como el principal obstáculo para la autonomía de los pueblos indígenas dentro del pacto federal, así como el pretexto de este pacto para homogeneizar las culturas mediante su integración a dicho Estado, lo cual significa ceder forzosamente sus recursos y territorios mediante actos de intimidación y castigo, como el caso de las detenciones arbitrarias, la destrucción de hogares y la persecución política.

Y es que la historia nacional está llena de atropellos hacia los pueblos indígenas, mediante políticas herederas del colonialismo europeo de los siglos XVI al XIX, las cuales no fueron superadas, sino que forman parte del Estado nacional republicano-liberal emanado de las luchas internas, invasiones extranjeras y mutilaciones de territorio. Guerras de castas y de exterminio fueron conformando el rostro de la entidad política conocida como México, la cual nunca dejó de usar la violencia como ejercicio del poder del estado mediante la policía, el ejército, sus grupos paramilitares y actualmente degenerando en una situación de dejar hacer para con las mafias afines a sus intereses, en una guerra simulada donde la víctima más trágica es el pueblo mexicano con sus diferentes matices y culturas, es por ello que la crítica a la historia estatal se dará desde la antropología jurídica.[ii]

San Francisco Xochicuautla y la defensa del territorio otomí.

El conflicto tiene sus antecedentes en el año 2005 cuando habían comenzado con los preparativos de la obra, y sus estrategias jurídicas coloniales pues en aquel año -de acuerdo con las pláticas que tuvimos con los compañeros y compañeras de Xochicuautla- se crea el primer padrón de comuneros[iii], lo que le abre la puerta a los despojos disfrazados de cambios de uso de suelo y licitaciones (2007), asambleas impuestas por granaderos (2013), expropiaciones presidenciales (2015), así como destrucciones de hogares (2016).

Para el año 2007[iv], el gobierno estatal del entonces ejecutivo Enrique Peña Nieto, otorga una licitación (el proyecto fue otorgado a grupo HIGA mediante la licitación pública No SCEM-CCA-01-06, y autorizado mediante el oficio No DFMARNAT/1681/2010.), para la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, precisamente en las montañas del Alto Lerma -hogar de los milenarios pueblos ñathos- a la constructora Autovan, parte del consorcio empresarial Grupo HIGA, del empresario tamaulipeco Armando Hinojosa Cantú, esta se dio a conocer como parte de los compromisos de campaña llevados a cabo por el gobernador durante la contienda electoral, así como por medios oficiales como la gaceta de gobierno, a su vez los habitantes de Xochicuautla sorprenderían a los ingenieros talando los árboles de su territorio para la proyección del trazo carretero[v],  y que después de expulsarlos y reforestar, pensaron que todo acabaría allí, cuando no estaba más que comenzando la historia de una resistencia indígena contemporánea en contra de la imposición de proyectos privados que destruyen a la madre naturaleza y que desconocen el derecho que los pueblos indígenas tienen sobre sus territorios, así como suprimen la cultura mediante la división social y que a más de 10 años desde que el Estado y la empresa pusieron su atención sobre este bosque sagrado , las formas de organización populares y la conciencia social han ido cambiando dentro y fuera de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, para convertirse en un referente de las luchas indígenas dentro del contexto del Estado de México y del país.

1.2.-Ubicación territorial, el bosque otomí-mexica, sagrado para los pueblos, codiciado por  el capital y despojado por el Estado

La comunidad indígena ñatho de San Francisco Xochicuautla[vi], es una de las delegaciones del municipio de Lerma de Villada, en el Estado de México, se encuentra en una zona del denominado “Bosque de Agua”, el cual abarca diferentes municipios como Ocoyoacac, Nicolás Romero, Temoaya, Otzolotepec, Huixquilucan, Xonacatlan, entre otros y en el cual el bosque sagrado otomí-mexica, es una de las partes mejor conservadas de una región, en cuya importancia de recursos radica la amenaza ominosa del Estado y de Grupo HIGA, como apertura para la implementación de “planes maestros” de manejos de recursos y de una industrialización y fraccionamiento para residencias de lujo y campos de golf, como ya ocurre con el proyecto Santa Fé[vii] [viii] entre otros.

El valor del territorio en disputa reside también en la gran importancia histórica , y por la riqueza arqueológica, que se encuentra en los cerros adyacentes a las comunidades las cuales descienden de los habitantes indígenas del valle matlazinca (hoy llamado valle de Toluca y que incluye a la zona conurbada de ésta ciudad, entre las cuales están los municipios de Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Almoloya del Río y Otzolotepec), el cual fungió como gran proveedor de maíz y otros insumos acuáticos, pues la zona lacustre de Chignahuapan era un sitio donde los pueblos nahuas, matlazincas, otomíes y mazahuas, habían sido aliados o enemigos, en la gran conquista emprendida por Ayaxacatl en 1476, se libraron varias batallas en diferentes partes del valle, entre las que destacan las de Tlacotepec, Teotenango, Temoaya, de donde era originario el célebre jefe Botzanga (Lagartija negra), quien hirió al tlatoani mexica en un muslo durante la batalla de Calixtlahuaca. (Peña, 1975).

A su vez durante la conquista española, el valle matlazinca fue sometido por el oficial de Cortés, Gonzalo de Sandoval y sus aliados indígenas, durante el último año del sitio a Tenochtitlán en 1521. En la época de la Colonia la región, tanto del valle de Toluca, como de las montañas del alto Lerma, fueron parte activa de la economía del virreinato de la Nueva España y en el año de 1613 se funda la villa de Lerma por Martín Reolín Barejón.

Cabe señalar que durante las reuniones que se tuvieron en el año 2014, tuvimos conocimiento de la existencia de una merced real en donde se declara, por parte de la corona española y de las autoridades coloniales, el reconocimiento de una República de Indios[ix], en las inmediaciones del bosque otomí-mexica, este documento forma parte de la recopilación que el Sr. Juan Villegas , de la comunidad de Ayotuxco ha realizado a través de los años y por cuya posesión  ha sido acosado por agentes empresariales, pues entre estos documentos, se habla de la existencia no solo de Ameyalco, sino de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan, y Analco, entre otros, en donde se reconocía la vida comunitaria de estos pueblos, en un contexto en donde la sujeción a la corona española se dio por medio de la Iglesia Católica, las haciendas y la jerarquía social basada en las castas.

Ya en época de la independencia, la región y el bosque sagrado fueron escenario de la batalla del monte de las Cruces, en donde las huestes de Miguel Hidalgo se nutrían a su paso y no sería extraño suponer que voluntarios indígenas de estas montañas se unieran a la rebelión y al posterior combate contra las fuerzas realistas que defendían el paso hacia la capital, entre otros hechos de armas del siglo XIX, hasta la destrucción de la hacienda de San Nicolás Peralta por las tropas zapatistas, durante la revolución, como dice la gente del lugar, y que en el caso de Xochicuautla, hubo habitantes que participaron en diferentes hechos de armas, como cuenta Don Antonio Reyes, una de  las autoridades tradicionales de la comunidad, así como por sus tierras y el futuro de su familia, pues precisamente, el trazo carretero, pasa por sus territorios comunales, y que a su vez encarna un puente con la memoria de la comunidad, pues conserva recuerdos muy valiosos, sobre lo que contaban las personas acerca de los combates en la revolución, y que incluso conserva una carabina 30-30, la cual guarda celosamente pues es un regalo de su abuelo, por lo que esta memoria de lucha se enlaza perfectamente con el papel que juega en la comunidad y en la organización de la lucha:

“Acá nos contaba mi abuelito que había habido una emboscada, que había habido balazos en la parte baja del cerro, acá cerca de la Concha, y que desde los barrancos se tiraban, y que hubo unos muertos, y siempre nos decía que era por pelear las tierras que nos había pertenecido desde antes de la revolución” (Don Antonio Reyes, trabajo de campo, del día 27 de marzo del 2014.

Así este conflicto y su resistencia vienen a instaurarse en los procesos históricos del país, como parte de las cuentas pendientes que representan las promesas rotas desde la revolución, ya que actualmente, existen más de cien conflictos socioambientales en México, que van desde la minería, las empresas eólicas, el fracking, la extracción petrolera, las autopistas y el agua (presas, acueductos y expropiación municipal a los comités autónomos y populares), cuyas consecuencias para los pueblos indígenas están siendo bastante negativas, pues al contexto generalizado de violencia, se le suman la división social generada mediante el discurso de desarrollo y oportunidades que enfrenta internamente a las comunidades en lucha, así como la depredación de los ecosistemas y sus recursos que deviene en desalojos y despojos territoriales, que a la vez, son parte de la coerción traducida en represión ejercida por el Estado y justificada por el desarrollo.

Sin embargo ante estas políticas desarrollistas, las comunidades usan la imaginación para buscar otras alternativas a la lucha, las cuales se manifiestan de diferentes formas y que en los conflictos socioambientales -entre el Estado y las empresas contra los pueblos indígenas- la identidad indígena juega un papel importantísimo, no solo por el reconocimiento de sus derechos en la arena jurídica y política, en el aspecto sociológico representa la capacidad del uso de una cultura y una historia para combatir los despojos y la violencia estructural del Estado capitalista, quien orilla a los pueblos a las zonas del no-ser, en donde la humanidad es negada en un proceso de colonización y homogenización cultural (Grosfoguel, 2012)[x].

Cabe señalar que la población de San Francisco Xochicuautla, se denomina así misma indígena otomí o ñatho, y se encuentra habitada por familias de varias generaciones, de campesinos y migrantes al Distrito Federal, este posicionamiento cultural tiene dentro del contexto político una relevancia primordial, por ser precisamente este auto reconocimiento llevado a cabo desde muchos años atrás,  una de las causas identitarias, pues existen personas que aún hablan el ñatho de esta región, así como la existencia de diferentes danzas (arrieros) y tradiciones (como las subidas a los cerros y encendidos del fuego nuevo) como parte de las formas de una resistencia basada en la cultura milenaria otomí y la memoria identitaria de rebelión como parte de un desafío etnopolítico a las actuales condiciones de explotación. A esto el Estado y la empresa responden con la manipulación de ciertos sectores de la población, aplicando políticas de compra de conciencias y votos en las asambleas, imponiendo representantes ejidales apócrifos, y lo peor, dividiendo amargamente a la comunidad:

“Xochicuautla, era un pueblo unido, antes de que llegara el proyecto carretero las familias y los amigos convivían, antes no había esta clase de divisiones, lo que pasa es que corrompen a la gente y nos echan a pelear.” (Jaime Vargas, comunero de Xochicuautla , en la conferencia sobre el problema en San Francisco, durante el II Congreso de la Red de Antropologías Populares del Sur, en la UAQ, septiembre 19 de Septiembre 2013.)

En este aspecto cabe señalar que la población otomí de esta región montañosa comprende los municipios de Xonacatlán, Lerma, Otzolotepec, Nicolás Romero y Huixquilucan, teniendo focos de resistencia, en San Francisco Xochicuautla y Huitzizilapan en Lerma, Santa Cruz Ayotuxco en Huixquilucan, así como San Francisco Magú en Nicolás Romero, lo que podría considerarse tanto como una geografía del despojo, como una de la resistencia, pues la mera existencia de otras lógicas culturales es ya un desafío para el Estado:

“Cuando Immanuel Wallerstein habla de una geografía de la protesta (Wallerstein, 2012) o Francisco López Bárcenas (2013) de la geografía de la represión y la resistencia es inevitable enumerar esos fenómenos que, aunque no son exclusivos de un período de la historia del capitalismo, si cobran relevancia en nuestro espacio-tiempo por el grado en que se magnifican o se hacen presentes. La protesta y la resistencia nacen espontáneamente pero, la mayor parte de las veces, lo hacen a partir de una organización previa, fortaleciéndose y creciendo. En la misma medida se intensifica la respuesta institucional cuya fuerza desmedida se normaliza a través de los medios de comunicación, que criminalizan a los opositores ocultando a la vez, amenazas, agresiones, ejecuciones y desapariciones de líderes o representantes de los movimientos, organizaciones, comunidades o pueblos que se atreven a levantar la voz.” (Velazquez, 2014: 271.)

Estas geografías de la represión son parte las acometidas neoliberales auspiciadas por el Estado, ya que este conflicto puede ser interpretado también de una manera geopolítica en donde el despojo de los territorios sagrados e hídricamente importantes apunta a una privatización del agua y la mercantilización de la vida para su integración al mercado, además del epistemicidio, el racismo y el no reconocimiento como atentados a la comunidad y que en palabras de Nicolás Ramírez:

“Van a destruir el pueblo, pues incluso en páginas de bienes raíces y de conjuntos residenciales, como Reserva Santa Fe, se puede comprar terrenos de las comunidades que ya vendieron, lo cual en Xochicuautla generaría una división social mayor de la que ya se tiene, pues no solo sería la carretera, sino también sería las empresas y las casas para ricos.”(Durante la compartición “Solidaridad en la lucha de la defensa por los territorios.”, donde se contó con la presencia de representantes de la tribu yaqui, el día 16 de mayo del 2014, en la facultad de Antropología de la UAEMex.).

Así el caso de San Francisco Xochicuautla, es el ejemplo de una comunidad que a pesar de los acosos, la destrucción del tejido comunitario, la represión sufrida y la destrucción de una parte del territorio, tiene un futuro incierto, por el desgaste aplicado hacia sus defensores, la división interna, así como el actuar de todas las instituciones encargadas de pueblos indígenas, medio ambiente, cuestiones agrarias, recursos naturales, derechos humanos, fueron manipuladas para que, a pesar de ganar amparos otorgados el proyecto siguiera en pie, incluso protegido por las fuerzas policiales, que innumerables ocasiones fueron mandados como grupos de choque a intimidar a la población, mostrando como encima de los tratados de derechos humanos está el derecho del capitalismo como una burla relacionada al modelo de Estado nacional homogéneo y “plurinacional” a regañadientes (esto último por el papel del EZLN-CNI, en la reforma al artículo 2° en 2001, si bien manipulado, fue parte de ese momento político.), donde el Estado ignora a las culturas indígenas para no solo expoliarlas, sino también explotar los territorios, saberes y culturas en su beneficio y como reproducción del modelo capitalista.

Línea de tiempo del conflicto

Año	Suceso.
2007	“En los primeros días del mes de diciembre de 2007 habitantes de la comunidad sorprenden y expulsan del lugar a un grupo de trabajadores de la empresa encargada de la obra, quienes –a decir de los pobladores- se encontraban realizando mediciones y algunos otros trabajos técnicos, como parte del inicio de la construcción de la carretera Toluca- Naucalpan. Los expulsores señalaron a los trabajadores que no habían sido notificados como comunidad de la realización de obra alguna”.
2011	El 15 de mayo de 2011, en el marco de la “Primera Cumbre de los Pueblos Originarios de la Zona Protegida Otomí-Mexica”, convocada para  “exigir un alto a la destrucción y las amenazas en contra de la naturaleza y su cultura” (Peña, 2016 s/p) se constituye el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, mediante un documento hecho público en el que se declara: “El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, es un conjunto de comunidades, científicos, académicos, campesinos, organizaciones y ciudadanos en general, interesados en defender el medio natural que aún existe en nuestra región, así como los derechos de los pueblos indígenas que han pertenecido y cuidado este territorio ancestralmente” (FPIDMT, 2016 s/p)[xi] El 14 de agosto de 2011 el Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Xochicuautla celebró una asamblea general (resguardada por la fuerza pública estatal, ante la efervescencia política debido a las acusaciones intracomunitarias sobre la legalidad de dicha asamblea y del patrón de comuneros bajo el cual se convocaba) en la que se acordó por los asistentes aprobar el proyecto carretero.
2012	El 30 de abril de 2012, se convocó a una nueva asamblea por parte del Comisariado de Bienes Comunales con la intención de dar cauce al acuerdo de aprobar el proyecto e iniciar con la entrega de una indemnización acordada a cada uno de los que había firmado el acuerdo (un total de 40 mil pesos mexicanos para cada uno). Esta asamblea implicó el mayor operativo policiaco hasta ese momento en el lugar, en el que se desplegó a cientos de elementos de varias corporaciones y agrupamientos, a nivel municipal y estatal, para controlar el acceso a la asamblea e incluso al pueblo.
2013	El 13 de mayo de 2013 se convocó a una nueva asamblea general por parte del Comisariado de Bienes Comunales y desde la mañana de ese día la comunidad volvió a verse en medio de un operativo policial que, en esta ocasión, derivó en algunos enfrentamientos y la detención de 14 personas que buscaban manifestarse e ingresar al inmueble donde se celebraba la asamblea para denunciar la ilegalidad de la misma. El 21 de agosto de 2013 el Consejo Supremo Indígena y el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, entre otros actores, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su intervención por considerar que estaban en riesgo varios de sus derechos inalienables como comunidad indígena. La queja fue admitida y  la Comisión se pronunciaría años más tarde[xii].
2014	El 7 de octubre de 2014 trabajadores de la empresa Teya S.A. de C.V., responsables de la obra, “acompañados y resguardados por policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (Seguridad Ciudadana), talaron una gran cantidad de árboles sin exhibir el permiso correspondiente” (CNDH, 2016 p. 3). Personas de la comunidad reclamaron el hecho, exigieron detener la actividad por existir una sentencia definitiva del Juicio Agrario que se interpuso para declarar nula la asamblea de bienes comunales en la que se aprobó el proyecto. Dos semanas después de tales hechos los habitantes de la comunidad los denunciaron ante la Procuraduría General de la República, señalando la probable comisión de los delitos de Desacato a una sentencia judicial y Daños ambientales; igualmente denunciaron dos días más tarde ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la tala ilegal de árboles así como la destrucción del suelo vegetal y manantiales de la comunidad.
2015	El 9 de febrero de 2015 el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla y otros actores que han protagonizado la resistencia presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación a varios de sus derechos colectivos dentro del proceso para la Construcción de la carretera. La queja fue admitida y casi dos años después derivó en una Recomendación dirigida a autoridades federales y estatales. El 13 de mayo de 2015 El Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla solicitó una Amparo en contra de la planeación, licitación, adjudicación y construcción de la autopista por considerar que violan sus derechos a la libre determinación, al territorio, a la integridad cultural, al agua y a la consulta libre, previa e informada. El Amparo le fue concedido a la comunidad por distintas fallas procedimentales en la consulta a la comunidad, ordenando el juez que se realizara una nueva, atendiendo a los criterios de protección y tutela de los derechos que asisten a los pueblos indígenas. El 9 de julio de 2015 el Presidente de la República emite un decreto expropiatorio sobre 37.9 hectáreas “de terrenos de agostadero de uso común, de la comunidad  SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA Y SU BARRIO LA CONCEPCIÓN, Municipio de Lerma, Estado de México, a favor del organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el cual los destinará a la Autopista Toluca-Naucalpan.” (DOF, 2015 s/p)[xiii]
2016	El 11 de abril de 2016 personal de la empresa Teya S.A. de C.V. acompañado de policías municipales y estatales reiniciaron los trabajos de construcción de la carretera y, como primeras actividades, demolieron la casa de uno de los activistas en contra del proyecto y un campamento de resistencia, lo cual fue denunciado por varios medios de comunicación y el Gobierno del Estado de México reaccionó diciendo que se instalarían mesas de diálogo para atender el tema. El 11 de mayo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno del Estado de México la adopción de medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de los actores que han protagonizado la resistencia al proyecto carretero, pidiendo además que se le informara de los actos emprendidos para tal fin. El 9 de diciembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 56/2016 en la que señala que “los actos que motivaron la emisión de la convocatoria de licitación pública constituyen una violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas otomíes (San Francisco Xochicuautla y su barrio la Concepción, San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuzco) ya que el SAASCAEM por ser la autoridad responsable de la obra estaba obligada a investigar, antes de emitir la convocatoria de licitación y su resolución, si había comunidades indígenas susceptibles de sufrir un daño derivado del trazo carretero Toluca Naucalpan, toda vez que es la única manera para que en caso de que existan, se garantice de manera efectiva los derechos a la consulta previa” (CNDH, 2016 p.70-71)” (Ornelas, 2017).

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Notas

[i] Como indica el investigador Víctor Manuel Toledo en un artículo del periódico la Jornada; “En el país hay al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua, que atentan contra el equilibrio ecológico y el tejido. Toledo explicó que sólo en año y medio ese número creció drásticamente, pues había documentado 280 y la cifra se elevó 50 por ciento. Manifestó que las afectadas son, principalmente, comunidades indígenas.” Estas cifras nos hablan de la gran problemática que representan para las comunidades indígenas el acoso estatal y capitalista, pues en la mayoría de los casos el Estado apoya a las empresas en sus despojos.

[ii] O como explica Gonzales Casanova:

“La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son ex­terminadas y forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel in­ternacional: habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo; sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de “asimilados”; los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es consi­derada “inferior” o, a lo sumo, es convertida en un símbolo “liberador” que forma parte de la demagogia estatal; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la “na­cional” (González Casanova Pablo, 2015: 410).

[iii] Estrategia política del Estado destinada a fragmentar la comunidad en la toma de decisiones de tenencia de la tierra, ya que antes de la creación de este padrón de comuneros (aproximadamente 882), la asamblea comunitaria era quien decidía sobre las tierras comunales. Desde la asignación del ejercicio del poder de decisión por parte de los comuneros, el Estado puede manipular y corromper a su antojo, pues esta figura, al ser una representación reconocida por el derecho formal, tiene una personalidad jurídica que juega un papel determinante en el despojo ejercido hacía la comunidad y por ende se convierte en el agente encargado de aplicar las medidas del colonialismo interno, tan necesario para la supervivencia del capital.

Una comparación histórica fue con las leyes de reforma que estaban destinadas a convertir las tierras comunales en latifundios personales, lo que fragmentaba a las comunidades, y quedó demostrado después con la expansión de las haciendas y el incremento enorme de la desigualdad social, ya que lo que sostenía la opulencia de los ricos durante el Porfiriato, era la explotación de los miles de campesinos y obreros en condiciones casi de esclavitud y sometimiento y que en la actualidad se vuelve a repetir con la creación de leyes paternalistas, que invocan a la utilidad pública y a la expropiación para consumar el despojo.

[iv] De acuerdo con los datos presentados durante un seminario jurídico realizado en la comunidad los días 15 y 16 de febrero del 2013 y en el cual se realizó una línea de tiempo, el inicio del conflicto con la empresa y el gobierno se dio el día 24 de abril del 2007, mediante un pacto de licitación, a su vez el 7 de septiembre, se otorga la concesión y el día 24 de octubre se pronuncian los comuneros, estas irregularidades se cometieron durante el sexenio de EPN como gobernador y durante el trienios municipales  de los priistas Agustín González Cabrera (2006-2009 por el PRI y actual director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria), Fidel Alejandro Castillo Ortiz(2009-2012) Eric Sevilla Montes de Oca (2012-2015), y la actual administración de Jaime Cervantes. (2015-2018).

[v] «En octubre del 2007 la empresa Autovan S.A. de C.V., inicia el trazo de la carretera con la tala del bosque para abrir la brecha y el estacado, sin que existiera notificación previa, mucho menos una consulta a la comunidad. La construcción comenzó con la discreción más absoluta, por lo que los habitantes de los pueblos afectados no tuvieron conocimiento del mismo sino hasta que sorprendieron a los topógrafos de la empresa constructora trabajando en sus terrenos. Para entonces, en la mayoría de los pueblos afectados era ya demasiado tarde y salvo en Xochicuautla, en ningún otro pueblo afectado fue posible que surgiera un movimiento de resistencia a largo plazo con posibilidad de éxito. En un principio se buscó la interlocución con el Estado por parte de representantes del pueblo, sin embargo, esta no pudo establecerse debido a que los comuneros pedían que se asentara por escrito en los acuerdos para la negociación que eran el Pueblo Indígena de San Francisco Xochicuautla, a lo que el gobierno del Estado se negó por parecerle que el concepto de indígena era impreciso (en ese momento los comuneros ignoraban que el convenio 169 de la OIT otorga a los pueblos indígenas derechos especiales sobre el territorio y los recursos naturales). Esta negativa fue determinante para que el gobierno del Estado de México se retirara de la mesa de negociación.” (Carrera Martínez Emmanuel., 2013 : 1)

[vi] De acuerdo al Censo de Población y vivienda del año 2010, en la comunidad hay un total de 3,613 personas, de las cuales hay 1 770 hombres y 1 843 mujeres

[vii] Reserva Santa Fe, es un proyecto residencial que pretende extenderse hacia las zonas altas del bosque, es llamado un plan maestro por la supuesta interacción, ecológica y equilibrada que el bajo impacto ambiental tendrá sobre la regional, lo cual no es proyectado por parte de los ingenieros, de los ricos, de los empresarios y de funcionarios corruptos. El proyecto se anuncia con bombo y platillo para los compradores elegidos y cuya avenida privada pretenden traviese el bosque, mostrándose como despojadores y ladrones de tierras y derechos, pues a pesar de los amparos ganados y de la ilegalidad de sus actos venden lo que no les pertenece:

http://zimbra.com.mx/es/Desarrollos-Inmobiliarios/Residencial/Reserva-Santa-Fe

http://casas.trovit.com.mx/reserva-santa-fe

http://www.tallertoa.com/v1/index.php?/planmaestro/reserva-santa-fe/

[viii] Como el proyecto Reserva Santa Fe que atraviesa  una zona sagrada, en donde las peregrinaciones, los rezos y las creencias son el tesoro invaluable del pueblo ñatho de esta parte de la Republica y cuya intervención de dicho proyecto está envuelta en situaciones turbias por la muerte de un personaje importante dentro de la comunidad de Atarasquillo, llamado Gerardo Alejandre quien dio batalla legal al proyecto y quien se dice falleció o fue fallecido en el lugar. Desgraciadamente y como suele ocurrir en este tipo de conflictos la mano de un antropólogo estuvo inmersa en el conflicto del lado la empresa, al cual conocimos mientras Pamela, David y yo buscábamos información y asesoría, sobre las posibles aportaciones antropológicas a  la causa jurídica de Xochicuautla y que sin embargo no resultó de algo provechoso, pues dicho personaje trabajaba para la empresa de Reserva Santa Fe y había contribuido para el despojo, que tal vez fue legal, más no legítimo, pues mediante lo que se le puede llamar una operación de sabotaje cultural, es decir una intervención antropológica para beneficio de la empresa, pues mediante el estudio de la cultura otomí local, se logró una apropiación del lugar sagrado llamado Nacelagua, en donde fue erigida una capillita para  encerrar una piedra sagrada, la cual fue parte del acuerdo del fideicomiso  entre  Reserva Santa Fe y ciertos ejidatarios de Atarasquillo, quienes vendieron esas tierras y ahora Nacelagua, se encuentra en propiedad privada, siendo esto un ejemplo del colonialismo interno del que habla Casanova, así como parte de los sacrificios que, los políticos y empresarios están dispuestos a realizar, para la satisfacción de sus frivolidades. Para más información se pueden revisar el siguiente video.

[ix] Territorio producto de la división social y política que formó parte de la administración colonial, en ella se reconocía el derecho de los pueblos para con sus tierras, siempre y cuando se evangelizaran y tributaran sus recursos naturales, era por así decirlo, el precio de la supervivencia ante el colonizador europeo y parte de las estrategias de adaptación y resistencia que implementaron los pueblos indígenas para la defensa de sus territorios. El nacimiento de la nación mexicana; la imaginada por criollos y mestizos, terminó con la autonomía que gozaban estas repúblicas de indios, pues con las leyes de reforma se nacionalizaron los bienes que la iglesia católica administraba (entre los cuales los pueblos indígenas habían mantenido la defensa de sus territorios, mediante la donación de estos a la iglesia) y que con dichas leyes se pudieron vender para ser latifundios individuales.

[x] En este aspecto el Estado y la cultura capitalista que representa practican, dentro de sus políticas de exterminio, la desaparición no solo de saberes (epistemicidio), sino la implantación de estados de excepción, para contener la organización social y continuar con el modelo de capitalismo rapaz, para ello despojan de su humanidad a quienes se defienden de este modelo civilizatorio, clasificándolos dentro de las zonas de influencia y reconocimiento de los derechos humanos (zona del ser), a la zona del no-ser, en donde la violencia, la injusticia y los abusos son parte de ese despojo de la humanidad, para el exterminio y su posterior incorporación al mercado mundial; “Los modos como se regulan los conflictos en cada zona son también distintos, en la primera (zona del ser), existen espacios de negociación , se reconocen los derechos civiles, laborales y humanos de las personas, funcionan los discursos sobre la libertad, la autonomía y la igualdad, y los conflictos se gestionan mediante métodos no violentos, o por lo menos la violencia es la excepción. En la zona del no-ser, a la que también define como la línea debajo de lo humano, los conflictos son regulados mediante la violencia y sólo de forma excepcional se usan métodos no violentos. (Grosfoguel, 2012, citado en Zibechi, 2014:82-83). Esa violencia es la ingeniería social colonial usada desde la independencia nacional.

[xi] “Desde este momento los que estamos aquí y los que se van sumando, vamos a luchar como indígenas que somos, con mucho orgullo y como guerreros de quienes descendemos, sin descansar porque la tierra, bosques y aguas son nuestros. A luchar contra esas máquinas con dedos de acero que destruyen nuestras montañas y que amparados por la sombra de aquellos que mucho mandan, pero nada hacen por nosotros. Pongamos un alto, con la mano en sitio elevado y con toda la fuerza de nuestra población, nosotros los pueblos indígenas estamos, somos la dignidad, pero también el corazón olvidado de la patria.” (Saboteamos., 2011.)

[xii] En el mes de Octubre, otro evento de gran trascendencia ocurre, este sin embargo es más al interior de la comunidad y más apegado a sus conciencias y costumbres, pues se eligió el Consejo Supremo Otomí de San Francisco Xochicuautla , el día 20, cabe señalar que dentro de esta actividad, la ceremonia de investidura, las denuncias y las solidaridades estaban a la orden del día, pues hubo representantes de comunidades tan alejadas y con problemas diferentes, como las hoy acosadas autodefensas indígenas de Aquila Michoacán, o también Héctor, el hijo del profesor Alberto Patishtán , preso político indígena injustamente encarcelado, quien acompañó a los compañeros de Xochi en tan importante día, así como por su solidaridad con la entonces campaña para su liberación.

“La formación de este consejo supremo forma parte de nuestras estrategias de lucha, el volver a nuestras raíces, a nuestra organización es un desafío a sus políticas ecocidas, vamos a defender nuestro pueblo de una manera inteligente y pacífica y nuestros usos y costumbres deben ser respetados.” (Nicolás Ramírez, durante una charla en el evento de investidura del Consejo Supremo, del cual nuestro compañero forma parte).

En aquel día lluvioso y bajo una carpa que cubría la explanada del templo de San Francisco aquel día 20, donde 8 personas, cuatro hombres y cuatro mujeres , sellaron un pacto con su comunidad, con sus ancestros, con su territorio, para la defensa no solo de sus bosques o recursos, sino como un grito de rebeldía :

“La memoria se presenta como un principio de esperanza que guarda en su núcleo el sentido y la idea de un futuro que no es prolongación lineal y mecánica del presente, sino una escisión que implica la temporalidad del futuro en el presente de la lucha. Ese tiempo nuevo, en tanto potencia en marcha, surge cuando se habilitan ciertas capacidades prefigurativas colectivas como parte del enfrentamiento con el capital.” (Tishler y Navarro, 2011: 72).

[xiii] Esta clase de decisiones por parte del presidente Enrique Peña Nieto, evidencian que bajo la mascarada del desarrollo se esconden casos de corrupción, destrucción ambiental, epistemicidio, represión social y la continuación de la depredación capitalista hacia la vida y quienes la defienden :

“Es la producción de un cuerpo de leyes y el desarrollo de un estado de derecho como la eliminación de la democracia y la total subordinación de los poderes del estado y los espacios públicos a la cabeza del ejecutivo. En este sentido se tienen las dos cosas: el mantenimiento de un régimen constitucional, es decir, de legislación según un procedimiento impersonal que tiene como referente la constitución: por el otro lado hay una concentración del poder político que elimina de facto la separación de los poderes y pretende, además, eliminar la autonomía de las instituciones y espacios públicos en el seno de la sociedad civil.” (Tapia, 183:2011).

Las irregularidades del decreto expropiatorio eran varias y se basaban en el interés de la expropiación y la mascarada jurídica pues este documento, en base a la mala fe de quien lo presentó, mencionaba que se había realizado una consulta previa:

“los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio [de 2015] (supuestamente en cumplimiento de los artículos 1 y 2 constitucionales y del Convenio 169 de la OIT), ocurrió sólo en el papel. Además de ser inexistente esta supuesta consulta, el decreto expropiatorio interpreta falazmente y violenta los principios de la consulta libre, previa, informada, adecuada y de buena fe, por el simple hecho de que la consulta debió hacerse no cuando estaba el gobierno a punto de expropiar las tierras, sino con anterioridad incluso al anuncio de las intenciones de construir este ilegal proyecto carretero, por lo cual la consulta que Peña Nieto alega que se realizó, en sí constituye una violación de este derecho fundamental de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, un daño irreparable a la comunidad, puesto que, en junio de 2015, no puede decirse que la consulta se hace previamente (y mucho menos es libre, informada, adecuada o de buena fe), siendo que las obras se están realizando desde tiempo antes de que la “consulta” ocurriese, mediante el uso recurrente de la fuerza pública, la criminalización de la protesta y la intimidación a los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de varias otras de la región (La Concepción Xochicuautla, Huitzizilapan, Santa Cruz Ayotuxco, etcétera).” (FPIDMT, 2015).