Arnoldo Diaz e Iliana Ramírez
La historiografía contemporánea ha logrado superar los antiguos paradigmas del siglo XIX y XX, los cuáles contribuyeron en la construcción de la actual ciencia histórica, pero no satisfacen las necesidades del historiador del siglo XXI. Quizá el paradigma más grande y complicado de romper es la concepción del pasado, objeto de estudio de la historia que determina y delimita nuestras investigaciones.
Por lo tanto el presente queda en segundo plano para el historiador, lo que considero un error fatal, ya que el historiador no solo está capacitado para analizar el presente, sino que la construcción del discurso histórico del presente va abriendo las posibilidades de análisis de las ciencias sociales y humanidades que se dedican en mayor medida al estudio del presente.
Consideramos que el estudio de las problemáticas del presente desde una perspectiva histórica permite el visualizar y discutir nuevas formas de resolver estos problemas; aunque este trabajo no pretende proponer una solución a la cuestión en el estudio. Simplemente buscamos posicionar al estudio del presente como una rama fructífera para la ciencia histórica.
Ante esto, el presente trabajo se propone navegar en una de las problemáticas más inmediatas de la realidad nuevoleonesa y mexicana en general, pero cuyo desarrollo se enmarca en la larga duración: la desaparición forzada. Partiendo no solamente de las causas y consecuencias de ésta, sino de la reacción pública encausada en un movimiento social amplio y plural.
El Estado
La función de asegurar el control social, que lleva a cabo el Estado mexicano en las últimas décadas sugiere un cambio paradigmático del concepto mismo de la soberanía. Concepto que comprendemos como el ejercicio de control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder (Mbembe, 2011, p. 20), esta definición nos permite visualizar como el Estado mexicano pasa del control corporativo al miedo y la muerte.
En base a Hobbes, entendemos que la soberanía se constituye en la obediencia y en un deseo por la vida y por lo tanto el miedo a perderla. El miedo abre las puertas del orden de la soberanía y un régimen jurídico que es el del poder absoluto. Es la preferencia de la vida sobre la muerte lo que da pie a una soberanía, la cual se muestra tan jurídica y legitima como la constituida según el modelo de la institución y el acuerdo mutuo.
Final e irónicamente, de este mismo miedo podrá valerse el Estado para decidir sobre la vida de sus gobernados. Esta clase de control traerá como consecuencia los saberes sometidos, es decir la suma de contenidos históricos que fueron sepultados, o bien, enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales (Foucault, 2000).
Van Dijk (2009) nos brinda una perspectiva sobre la dominación partiendo de los estudios críticos del discurso que representan:
El análisis crítico del abuso de poder de los políticos más que en su ejercicio legítimo del poder, más que en como desinforman los medios que en lo que informan o en como abusan de su conocimiento los profesionales y los más instruidos para hostigar a los estudiantes, los pacientes, los clientes o a otros ciudadanos en lugar de educarlos, curarlos o asesorarlos. Llamo a estas formas de abuso de poder dominación, una noción que implica la dimensión negativa del abuso y también la dimensión de desigualdades, injusticia e inequidad, es decir, todas las formas de acciones y situaciones ilegitimas.
Pero también hay otros elementos presentes en experiencias cotidianas, como son el acoso sexual de las mujeres por parte de los hombres, la violencia de los padres, la corrupción política, el hostigamiento y la violencia ejercida por la policía, el terrorismo, y el contraterrorismo, las guerras y otros tantos.
En este caso, se muestra como imprescindible acudir a Foucault en orden de comprender la fuerza que el poder ejerce. Para esto se mantiene la hipótesis de que el mecanismo del poder es fundamental y esencialmente la represión. El poder es la guerra, la cual esta proseguida por otros medios. La política se convierte en la sanción y la prórroga del desequilibrio de fuerzas manifestado en la guerra (Foucault, 2000).
Las leyes, siguiendo con Foucault (2009), son trampas, no límites del poder, ni medios para que reine la justicia, sino instrumentos de poder y herramientas para velar por ciertos intereses de unos cuantos. De este modo, ley, poder y gobierno son la guerra que pone a unos contra otros. La rebelión por lo tanto, no va a ser la ruptura de un sistema pacifico de leyes por una causa cualquiera, va a ser el reverso de una guerra que el gobierno no cesa de librar.
El Estado moderno funciona como una estructura para dominar y controlar a la población a fin de ponerla al servicio del capital, mediante el uso de su monopolio legal de la violencia (Esteva, 2014, p. 25). Consideramos al monopolio de la violencia –legal o ilegal- del Estado como un realidad de larga duración, concepto del historiador Fernand Braudel que entendemos como: el conjunto de las arquitecturas, estructuras o realidades que dentro de la historia humana, han sido decisivamente operantes como factores esenciales presentes a lo largo de los procesos evolutivos históricos (Aguirre Rojas, 2000 p. 83).
Parte importante de dicho monopolio de la violencia es la desaparición de personas, siendo una de las prácticas del Estado más comunes y antiguas para desarrollar el control bajo el concepto del miedo. Además es la práctica más visible en los últimos años en el país, situación que se ha recorrido el globo con el caso de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. Nuevo León no está exento de casos de desaparición, al contrario, ha golpeado tan duro como en el resto del país en el contexto de la Guerra contra el narco.
En los últimos años, se vive una campaña de militarización a nivel nacional e internacional, la militarización es parte de la modernización neoliberal que la clase dominante implementó y muestra de la subordinación al programa que marcan organizaciones internacionales en la materia [OMC y FMI] (Sandoval, 2009, p. 35); el proyecto de la militarización lleva al uso del ejército y la marina a ejercer el papel de policía, que se vuelve explícito con sus intervenciones primero en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y después el resto del país.
Estamos entonces ante un excesivo uso de la violencia de Estado la cual entendemos como el uso de los elementos coercitivos del Estado en contra de alguna facción de la sociedad civil (López, 2013, p. 87), pero la situación se complica cuando observamos de cerca la mayoría de los casos de desaparición.
Por esto hay que situarnos en esta coyuntura en la que se dan los miles de casos de desaparición en México.
Su “lógica”
Localizamos la actual crisis de desapariciones desde la llegada al poder de Felipe Calderón y sus esfuerzos por llevar a cabo la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, ubicándonos desde el 2006 hasta el actual 2018, doce años en los que Según cifras oficiales, más de 25,700 personas han desaparecido en México en los últimos años, y casi la mitad de ellos durante la actual administración del presidente (Enrique) Peña Nieto (CNN, 2015), dicha cifra solo abarca las desapariciones con denuncia ante las instituciones policiacas del Estado, por lo que se estima que integrando los casos sin denuncia puede llegar a haber hasta 100, 000 casos de desaparición involuntaria.
En México, los nexos entre narcos, políticos y militares tienen fuertes y polémicos antecedentes, que se suman al fenómeno denominado como narcopolítica, pues, como se ha visto en los últimos años del siglo XX y lo que va del XXI, para mantener a salvo sus negocios, los grupos criminales necesitan de la complicidad del poder.
A esto Foucault (2000) lo denomina como funcionalidad económica del poder, lo cual se da en la medida que el papel de éste consista, en esencia, en mantener relaciones de producción y, a la vez, prorrogar una dominación de clase que el desarrollo y las modalidades características de la aprobación de las fuerzas productivas hicieren posible.
La crítica de esta clase de fenómenos, que se verá manifestada con el tiempo en espacios como la Plaza de los Desaparecidos, solo puede darse mediante la aparición de los contenidos históricos. Ante esto, resulta necesario recapitular lo sucedido durante la Guerra contra el Narcotráfico, a partir del año 2006, ya que solo los contenidos históricos pueden permitir recuperar el clivaje de los enfrentamientos y las luchas que los ordenamientos funcionales o las organizaciones sistemáticas tienen por meta, justamente, enmascarar. Así podremos ver que los saberes sometidos, son esos bloques de saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo hacer reaparecer (Foucault, 2000).
A finales del año 2006, el gobierno de Vicente Fox Quesada fracasó en todos sus intentos por frenar el crimen organizado, de modo que al final de su periodo presidencial, la violencia en el país comenzaba a hacerse cada vez más latente. En este mismo año Felipe Calderón asume la presidencia de la República en medio de la gran polémica que precedía a las elecciones del mes de junio.
Cabe mencionar, que si bien, el número de desapariciones, “levantones”, asesinatos y balaceras, se disparó durante el sexenio de Calderón, esta clase de manifestaciones de violencia, acosaban a los estados y municipios aun antes de que éste tomara la presidencia.
Calderón puso en marcha la cruzada contra la delincuencia organizada, con un propósito que sí fue mencionado en sus discursos: rescatar los espacios públicos y la convivencia social, de modo que los delincuentes estuvieran tras las rejas y no en las calles. El problema, es que en busca de este objetivo, se trazó metas inalcanzables, como derrotar al narco, que llevarían a la imposibilidad de recuperar los espacios públicos, como él pretendía.
Las redes del crimen organizado, aun hoy siguen violentando al país, mientras los efectivos militares acuden a excesos de fuerza en contra de inocentes que sufren durante el desplazamiento de las fuerzas armadas por el territorio mexicano en búsqueda de los criminales. Esta fuerza no era justificada para la mayoría del pueblo mexicano, considerándola como un grave signo de la debilidad del Estado mexicano (Ravelo, 2009).
El claro punto de inició es cuando Calderón mandó a las fuerzas del orden, a quienes previamente les había aumentado el salario, a resguardar la seguridad en Michoacán, su estado natal, con el fin ya mencionado de cuidar a los civiles para así recuperar los espacios públicos. En este estado la violencia iba en aumento, de modo que entre ataques protagonizados por miembros del crimen organizado se dieron 500 asesinatos en muy poco tiempo. Este operativo llevaba el nombre de Operativo Conjunto Michoacán (BBC, 2006). Pronto este operativo daría pie a toda una guerra contra el crimen organizado, atacando a los principales carteles de México, entre ellos (Valdés, 2013):
- Cártel de La Familia
- Los Caballeros Templarios
- Cártel del Golfo
- Cártel de Juárez
- Los negros
- Cártel de Sinaloa
- Cártel de Tijuana
- Los Zetas
- Cártel Jalisco Nueva Generación
Y algunos más, los cuales desconocemos ya que Calderón pidió a los medios masivos de comunicación hablar bien del país, omitiendo gran parte de los hechos violentos que ocurrían a lo largo y ancho de México. Si bien los periodistas sufrieron gran cantidad de ataques debido a su profesión por parte de los grupos de narcotraficantes, gran parte del silencio también se dio gracias a las autoridades gubernamentales, encargadas de silenciarlos coartando así la libertad de expresión, no solo de los periodistas y reporteros, sino de todos los mexicanos.
Esto ocasionó que nunca se pudieran dar cifras exactas de los asesinatos y desapariciones de civiles, ya que si bien en las noticias internacionales se daba un dato, las autoridades mexicanas se encargaban de contradecir u adornar lo dicho. La realidad seria que, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo, México llegó a encontrarse en el lugar 15 de las 115 naciones con mayor delincuencia a nivel mundial (Saldierna y Poy, 2010).
El miedo de la población mexicana iba en aumento con la aparición de terribles escenas a la vista de todos, como los mensajes pintados sobre cadáveres de personas ejecutadas, las narcomantas en los puentes acompañadas de cuerpos colgados que previamente habían sido torturados hasta la muerte.
Las noticias mostraban escandalosos asesinatos, como los ocurridos tras una balacera, efectuada el 15 de septiembre de 2008, durante las celebraciones de las fechas patrias en el centro de Morelia, Michoacán. De esto resultaron, según las noticias, 9 muertos y 135 heridos (El Universal, 2008). A esto seguiría, en febrero de 2010, el asesinato de trece jóvenes, en la ciudad de Juárez, Chihuahua, a manos de sicarios. Inicialmente se dijo que estaban vinculados con el crimen organizado, pero más tarde se sabría que solamente eran estudiantes.
Aquí vemos formularse la idea de que ninguna ley, cualquiera que esta sea, así como ninguna forma de soberanía y ningún tipo de poder deben analizarse en términos del derecho natural y la constitución de la soberanía. Al contrario, estos son el movimiento indefinido (e indefinidamente histórico) de las relaciones de dominación de unos sobre los otros. Entendiendo a la guerra como un rasgo permanente de las relaciones sociales, sí, pero que conlleva una trama y un secreto por parte de las instituciones y principalmente de los sistemas de poder (Foucault, 2000).
El trauma
Pronto la famosa «oleada de inseguridad» alcanzaría al Estado de Nuevo León. El 19 de febrero del 2010, dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey murieron tras encontrarse en medio de una balacera entre el Ejército mexicano y sicarios. Se trataba de estudiantes de posgrado que se encontraban a altas horas de la noche trabajando en la biblioteca de dicha institución, al salir resultaron víctimas de este hecho (CNN, 2010).
Días después se determinó que las balas que provocarían su muerte pertenecían al Ejercito Mexicano, se trató de justificar diciendo que los jóvenes estaban vinculados con el grupo de sicarios, dato que el director de la institución educativa desmentiría. Este hecho traería como resultado la empatía de la comunidad estudiantil neolonesa, dando pie a su participación en manifestaciones y colectivos que buscaban poner fin a la violencia contra civiles.
En Nuevo León el 25 de agosto, un atentado por parte de miembros del grupo de Los Zetas en el Casino Royale. Un grupo de personas armadas ingresaron a las instalaciones de dicho lugar, violentando y encerrando a las personas inocentes que se encontraban ahí. Vertieron combustible y prendieron fuego a las instalaciones, el saldo fue de 52 víctimas. El hecho se realizó a modo de extorción, al no pagar el dueño 130mil pesos semanales, pues para este punto el mencionado grupo de delincuentes se encontraba cobrando cuotas a un gran número de negocios locales (Vega, 2011).
Partiendo de esta situación podemos ver opiniones encontradas; por un lado podríamos suponer que esto es una crisis del estado-nación y sus instituciones, efecto mismo de las descomposición del sistema capitalista bajo el paradigma neoliberal. O por el contrario, podemos ver que esto responde a una lógica de transformación de las funciones del Estado-nación, el cambio en la soberanía se da como un ajuste al modelo neoliberal como un refuerzo al nuevo papel el Estado, que tiende a rejuvenecer y tomar las riendas del poder.
Aunque actualmente se vuelve imposible determinar cuál de las hipótesis anteriores es correcta –si es que alguna lo es-, podemos asegurar que la violencia de Estado se ha vuelto un factor cotidiano en el ejercicio de control del Estado mexicano. Ya sea en el abuso y la corrupción policiaca, hasta la desaparición de 43 jóvenes en unas cuantas horas de la noche, la violencia se vuelve el pan de cada día, en el modus operandi del poder y la soberanía.
Pero sigue causando problemas el explicar cómo se da ese elevado número de desapariciones en los estados del país donde la disidencia contra el gobierno es casi invisible, vaya ¿Por qué desaparecen tantos jóvenes, mujeres y adultos inocentes? Consideramos que para responder esta pregunta necesitamos visualizar uno de los puntos que desatan la violencia: el discurso.
Las formas de violencia del Estado, están siempre acompañados de un discurso mediático que las justifica ante la sociedad y la comunidad internacional (López, 2013), y como se mencionó anteriormente, la crisis de desapariciones y de violencia general en México responde a un proceso militarista internacional y a la coyuntura nacional de la Guerra contra el narco. Con este discurso, el de la guerra contra un enemigo enorme y a su vez poco definido por la gran influencia que ejerce el narcotráfico en las esferas del gobierno, vislumbramos un proceso en el que:
Se militariza la vida cotidiana. El objetivo del terror y el necropoder es el sometimiento social; la sumisión del Otro. Quien se resiste es desechable, exterminable. Asistimos a una tonton-macutización del régimen como parte de una dinámica depredadora organizada de re-territorialización con fines de dominación económica, al servicio de un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos. (Fazio, 2013)
Militarización que afecta a todas los estratos de la población, pero que indiscutiblemente afecta de manera directa y en mayor medida a los sectores más oprimidos, convirtiéndose más en un genocidio que en una guerra de un bando contra otro.
Esto no es nuevo, por el contrario, se insiste en la continuidad de las prácticas de la violencia del Estado y de las altas esferas de la élite económica nacional e internacional; Carlos Fazio menciona al respecto que:
Existe un continuum entre la guerra sucia de los años 70 y el momento actual, que exhibe y desnuda un patrón crónico de impunidad de actores estatales que desempeñan tareas de seguridad pública. Lo que incluye a miembros de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) y de las policías federal, estatal y municipal, y sus respectivas cadenas de mando, que actúan en complicidad con agentes del Ministerio Público y jueces, y no pocas veces en colusión con grupos de civiles armados que actúan como escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social para el exterminio de disidentes y/o jóvenes que son considerados desechables o “matables” (Agamben) por el capitalismo criminal de comienzos del siglo XXI. (2015)
Es bajo este análisis donde podemos responder a la pregunta anteriormente planteada. ¿Por qué desaparecen tantos jóvenes y adultos aparentemente libres de crímenes? Porque vivimos en un contexto donde el Estado está reacomodándose, y para ello ocupa de exterminar a aquellos individuos que considera desechables o matables, reafirmando de esta manera la tesis inicial de Mbembe, donde el funcionamiento del Estado contemporáneo depende del control de la mortalidad, con una soberanía que gira alrededor del miedo y la muerte.
Las consecuencias a nivel social son claras, la violencia y el miedo se vuelven parte cotidiana de la vida; el trauma que sufre México y en específico las ciudades de la frontera norte y los comunidades del Pacífico sur durante la última década cambia por completo la manera en que nos relacionamos con el resto del entorno. Es en este contexto en que surgen movilizaciones masivas en contra de la violencia y en búsqueda de las personas desaparecidas.
Se ven respuestas como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el escritor Javier Sicilia, quien llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia, tras ser asesinado su hijo Juan Francisco por personas vinculadas a la delincuencia organizada. La manifestación se dio en contra tanto de los grupos criminales como de los cuerpos de seguridad. Pero el movimiento terminó en nada.
Cabe mencionar que para este punto estaban involucrados el Ejercito Mexicano, la Armada, la Fuerza Armada, la Policía Federal, la PGR y la AFI. Además de corporaciones de seguridad que surgieron a nivel regional, como es el caso de Fuerza Civil en Nuevo León.
Las exigencias generales cristalizadas en el movimiento de Sicilia consisten en cinco puntos:
- Esclarecer los asesinatos y las desapariciones así como el nombramiento de todas y cada una de las víctimas.
- Finalizar con la estrategia utilizada hasta el momento para combatir al narcotráfico, es decir, la estrategia de guerra, y por lo tanto asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
- Combatir en todo caso la corrupción y la impunidad.
- Combatir así mismo la raíz económica que dio inicio a este problema, así como las ganancias que se obtuvieran con esta clase de crimen.
- Atener, con urgencia, a la juventud, así como el empleo de acciones que resultaran efectivas para recuperar el tejido social.
Así mismo surge la campaña No+sangre, cuya imagen fue expuesta en las redes sociales, durante marchas y mítines, casas y coches. La imagen fue diseñada por el caricaturista Eduardo del Río, mejor conocido como Rius (Lorenzano, 2011). Si bien esta clase de grupos, exigían el cese de la violencia en México que estaba acabando con la vida de miles de inocentes, también se pedía dialogar con el Gobierno Mexicano, lo cual llevó al conocido Dialogo por la Paz.
A partir de este momento surgieron fundaciones que reciben el apoyo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, formadas por los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas, tal es el caso de María Herrera Magdaleno, cuya fundación lleva su nombre, y hasta el día de hoy sigue buscando a sus cuatro hijos desaparecidos. Los primeros dos fueron desaparecidos junto con otros cinco compañeros en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 28 de agosto de 2008. El 22 de septiembre de 2010 fueron secuestrados, Gustavo y Luis Armando, sus otros dos hijos, en una carretera de Poza Rica, Veracruz, esto sucedió en una zona que se encontraba bajo el control del cartel de los Zetas (Valdez, 2015).
Ella tiene contacto con otros familiares, que juntos exigen al gobierno la aparición de sus hijos. Tal es el caso de Melchor Flores Landa, padre del conocido “Vaquero Galáctico”, artista callejero que llegó a actuar en televisión. Desaparecido el 25 de febrero de 2009, en Monterrey, Nuevo León, a la edad de 26 años, junto con otros dos hombres: Gustavo Castañeda Puentes y Andrés Batres Sánchez, un ex policía federal. Melchor Flores está seguro de que los tres fueron llevados en una patrulla, por lo que se convierte en una persona más que está convencida de la complicidad de los policías con la delincuencia organizada. Cosa que se vuelve cada vez más evidente (Prados, 2013).
Mauricio Aguilar Leroux había salido de Saltillo, Coahuila, rumbo a Córdoba, Veracruz, con el fin de acompañar a su hijo a un evento deportivo, fue desaparecido a la altura del poblado de La Concepción a Cuitláhuac el 27 de mayo de 2011, nunca más se supo de él. Su esposa María Salvadora Coronado Navarro, quien aún le busca, solo recibió de las autoridades la explicación de que el punto por el que había pasado su esposo era un “triángulo de las bermudas” que pertenecía al cartel de los Zetas, y así como su esposo muchas otras personas habían desaparecido en el mismo punto (Prados, 2013).
La cúspide de esta crisis la visualizamos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. La desaparición masiva en una sola noche de estos estudiantes y la larga lucha de sus padres la cual se ha extendido por alos, es un acto terrorífico por parte del Estado; pero esto solo es posible gracias a los años de experiencia que adquieren las fuerzas coercitivas del país durante el violento sexenio de Felipe Calderón.
La manera en que las familias responden a estas coyunturas a nivel psicológico es clave para comprender los esfuerzos de éstas por encontrar a sus familiares y que hasta el día de hoy no presentan intenciones de claudicar aunque se topen con la ineptitud de las autoridades estatales, la falta de empatía y solidaridad en el resto de la población, etc., pero esto supera las intenciones de este artículo.
Corregido y revisado de la publicación original en Revista Levadura
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Las Armas de la Crítica 