Regulación para la gestión comunitaria del agua

En noviembre del 2017 se llevó a cabo en Morelos el VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua. El objetivo fue, según la invitación, “fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento en América Latina” (IMTA, 2017). Cabe decir que México no había tenido representatividad antes del 2016, pero tampoco se había hecho alusión al tema en el ámbito de la gestión pública, a pesar de que muchos o la mayoría de estos sistemas se establecieron mucho antes que las administraciones locales. Dado que la mayor parte se ubican en pueblos originarios, esta vez participaron por primera vez gestores de Campeche, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y San Luis Potosí, quienes emitieron la Primera declaratoria de los pueblos indígenas de México en torno a la gestión comunitaria del agua:

“…….resaltamos la necesidad y urgencia de organizarnos para cuidar nuestros recursos naturales y garantizar el derecho humano al agua en nuestras comunidades…..De igual manera, solicitamos atentamente a las autoridades correspondientes que se incorpore la gestión comunitaria del agua, la identidad de los pueblos originarios, la participación activa de las mujeres, la toma de decisiones entre las comunidades y los gobiernos en un marco de igualdad de condiciones…..” (CLOCSAS, 2017)

Sin embargo, no es novedad que la intervención del gobierno pretenda ir más allá de reconocer la gestión comunitaria del agua en los pueblos originarios, para ello primero le es preciso añadirla a su agenda política. Además es evidente que un proyecto estatal nunca ha sido garante de los derechos humanos, mucho menos de los que corresponden a los pueblos originarios, siendo el acceso al agua así como su saneamiento fundamentales.

Otro resolutivo del encuentro fue un acuerdo para implementar un programa de fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión del agua en México (CLOCSAS, 2018), auspiciado por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) en colaboración con Fundación AVINA, quienes en su labor promoverán el proyecto con la finalidad de consolidar a las organizaciones comunitarias que gestionan el agua mediante capacitaciones que les permitan generar condiciones de sostenibilidad, así como vincularlas con actores gubernamentales (NOTUS, 2018) y privados cuando sea preciso, como lo indica AVINA en su perfil (AVINA, 2018). La primera etapa consiste en un proyecto piloto dirigido por el Colegio de México (COLMEX) pero con servicios técnicos de Fundación AVINA quienes se encargan de diseñar la metodología, y financiado por el Banco Interamericano. El proyecto inicialmente se implementará en los estados de Morelos, Guanajuato, Veracruz y Chiapas (CLOCSAS, 2018a). Al momento, CLOCSAS ha informado a través de Wash-Rural que los talleres ya se están efectuando en Chiapas (CLOCSAS, 2018b).

¿Quiénes son Fundación AVINA y CLOCSAS?

AVINA es una fundación de corte mundial creada y dirigida desde 1994 por el entonces empresario millonario y ahora filántropo socioambiental suizo, Stephan Scmidheiny, quien habría sido promotor de una de las catástrofes sanitarias permanentes más grandes del siglo pasado: las miles de muertes alrededor del mundo debido a la contaminación por asbesto, principalmente de obreros en sus fábricas debido a la omisión de medidas de seguridad. Después de decidir retirarse del negocio que provocaría el desastre vendió la empresa, así que la producción continuó. En un intento por limpiar su semblanza, su dinero y mejorar su posicionamiento social, comenzó a pugnar por el desarrollo sustentable y crecimiento sostenible donde se abrió brecha en el mundo, lo que daría origen a las primeras fundaciones que consolidó (FUNDES y AVINA) pero que en el fondo llevan permanentemente el reclamo por las víctimas de la producción de asbesto (Brum, 2014), incluso acuñó términos como el de ecoeficiencia.

Fundación AVINA promueve plataformas de intervención para el desarrollo y mejoramiento de problemáticas socioambientales tales como: la aplicación de tecnología para el cambio social, innovación política, asuntos sobre migraciones, cambio climático, ciudades sustentables, reciclaje y acceso al agua (AVINA, 2018). En México está presente desde 2012 con el proyecto Red de Ciudades Justas y Sustentables (CEMEFI, 2016). En cuanto al manejo del agua colabora con los países receptores bajo su propia interpretación de gestión comunitaria, a las que designa Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) y las define como sigue:

“son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos en zonas peri-urbanas y rurales, donde generalmente no llega el servicio de las empresas públicas, privadas o mixtas que atienden a las grandes ciudades. Por medio de estatutos de autogobierno, trabajo mancomunado y elección de líderes de manera abierta, sencilla y democrática, dirigen sus esfuerzos a establecer un sistema de captación, potabilización, distribución y pago por el agua. Sus líderes normalmente no reciben remuneración por su trabajo, sino que lo hacen por vocación y compromiso social”. (AVINA, 2011)

Es necesario resaltar que la existencia de estas estructuras no ha sido forzosamente una alternativa mínima ante la incapacidad de la administración pública para proveer un servicio, como se podría entender en una primera lectura. Se trata de formas autogestivas que han permanecido como prácticas cotidianas en las comunidades originarias y que permean los lugares a donde los habitantes se desplazan, tales prácticas se extienden más allá de la organización para cubrir la producción y/o distribución de elementos en uso común como lo es el agua. La mayoría de estas formas de organización en América Latina y México se encuentran en comunidades rurales, pero también existen núcleos que viven situaciones de desplazamiento forzado y otros que habitan su territorio pero que han quedado relegadas a la periferia de lo que ahora son las grandes ciudades. Sin una crítica que considere las distintas realidades, son consideradas por el gobierno como poblaciones de bajos recursos y subdesarrolladas. Cuando la modernidad y su aliado efectivo, la urbanización, aparecen y se anteponen como un patrón de bienestar, esto las coloca no en un escenario de vulnerabilidad pero en el que son vulneradas y convertidas tanto en mercado potencial para las empresas, como en objeto de negociación para el gobierno, asistido por fundaciones.

En México no existe un dato real de cuántas comunidades originarias gestionan el agua como parte de sus prácticas autogestivas y cuántas han optado por hacerlo ante la imposibilidad de la administración pública. La diversidad de los sistemas de gestión comunitaria del agua puede verse como producto de la adaptación al entorno y la capacidad auto-reguladora de estas poblaciones, no necesariamente como un problema, aunque puede significar lo contario ante la omisión de los gobiernos locales y federal. No obstante, fundación AVINA promueve la homogenización y control de estas prácticas comunitarias partiendo de la concepción y confianza en el Estado como un bien público, sin hacer referencia a los distintos contextos. También afirma una contradicción permanente aludiendo a la asociatividad como uno de sus principios y llave hacia la organización democrática:

 “El creciente llamado a la organización ciudadana desde los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, podrían abrir nuevas rutas para oxigenar una democratización que pareciera haberse detenido o frustrado en el camino.” (AVINA, 2018c y Reconstruye, 2017)

En México, AVINA coordina varias iniciativas, entre ellas destaca la Plataforma de Innovación con Sentido, una alianza entre organizaciones internacionales, regionales, nacionales y locales para transitar de manera más eficiente hacia los objetivos del desarrollo sostenible, mediante innovación tecnológica, social y de negocios (AVINA, 2018b). Con tendencia a la reducción de la pobreza plantea un ideal de progreso que construye con los gobiernos en turno y empresas, así como la articulación de población que considera de bajos recursos, con el sector público y privado para la integración de objetivos compartidos, “conecta ciencia y tecnología con pobreza” (“Plataforma de Innovación con sentido”, 2017) partiendo de un sistema económico sustentable y una economía verde necesaria.

A partir de los encuentros internacionales para mejorar las “OCSAS” en América Latina, aproximadamente desde 2005, surge la Confederación Latinoamericana de Organizaciones comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, ahora Fundación CLOCSAS, constituida en 2012 con el objetivo de fortalecer los procesos de asociatividad, o mejor dicho, complicidad como estrategia clave hacia la sostenibilidad y profesionalización de las OCSAS (Zambrana Villalobos, 2017). Pero la imagen que intentan prefigurar acerca de la estructura de CLOCSAS es que se trata de una entidad única en el mundo, transnacional y auto-gestionada, en la cual interactúan directamente los actores impulsados por el interés en el mismo elemento, el agua (Zambrana Villalobos, 2017). Pero examinemos por qué no es así.

Capital filantrópico

Para analizar la estrategia política entre AVINA y los gobiernos con respecto a la gestión del agua debemos aislar cuatro enfoques clave: 1) la obligación que el Estado tiene de garantizar el acceso al agua 2) la legalización de la gestión comunitaria y el beneficio que representa para cada conjunto de actores (población autogestiva, gobierno, fundaciones que median empresas y empresas privadas), 3) las estrategias sociales que estos actores en conjunto utilizan para acercarse y proceder en poblaciones rurales vulneradas, 4) el funcionamiento del capital filantrópico.

El Estado con todas sus instituciones y funcionarios  se ha encargado de dejar en claro su incapacidad para garantizar los derechos humanos, aunque a veces hace notar su cumplimiento como una forma de asistencia cuando en realidad es su obligación. Un objetivo clave del proyecto piloto que promueve con AVINA es el reconocimiento legal de los servicios comunitarios de agua y saneamiento, esto significa que deberían ser considerados en todos los procedimientos relacionados con ambos servicios. Sin embargo, pese al beneficio planteado, es necesario hacer una reflexión del posible escenario, tomando en cuenta los objetivos del proyecto piloto y los de la fundación: el reconocimiento de la gestión comunitaria integraría una mediación pública y/o privada, en el primer caso se recurriría a la homogenización de las prácticas comunitarias de gestión del agua, así como a la creación de leyes que facilitarían la posibilidad de beneficio desigual entre sector público-privado y las poblaciones, que se verían severamente afectadas tanto en sus lazos y actividades sociales como en su participación económica o incluso en su medio ambiente o salud, por la preferencia o  facilidades que el gobierno suele otorgar a empresas o proyectos extractivistas.

Lo anterior dista de ser una negativa a la implementación de tecnología o de procesos para mejorar el abastecimiento y saneamiento del agua, es más bien una crítica a las formas impositivas y silenciosas del gobierno estatal en complicidad con el sector privado y fundaciones asociadas a empresas que orientan su interés a la extracción masiva de agua para cubrir sus procesos productivos. Vivimos un escenario en el que la asociatividad significa no más que complicidad y funge como mecanismo para legitimar el saqueo y otras formas de enriquecimiento, además de marcar los límites de las disidencias (Puche, et al. 2012).

Fundación AVINA fue creada con el objetivo de promover el desarrollo sostenible mediante la colaboración de diversos actores. Las alianzas estratégicas que ha establecido para intervenir en la gestión del agua han sido con Coca Cola, Xylem Inc. y el Banco Interamericano, por mencionar algunas, además de actores locales con peso en la toma de decisiones. Su capacidad de afianzar vínculos utilizando los modelos discursivos de inclusión social, protección a los derechos humanos y sustentabilidad ambiental (Bioreconstruye, 2017), la convierten en un médium para establecer acuerdos con poblaciones vulneradas, antes pactados con líderes políticos o empresarios.

Como lo aborda en su perfil, la metodología consiste en ofrecer capacitación y asistencia técnica, aplicación de  tecnología de vanguardia para mejorar procesos, implementación de la iniciativa privada para distribución y saneamiento del agua en poblaciones de bajos recursos, así como su vinculación con la iniciativa pública (AVINA, 2018d). La fundación ofrece soporte a representantes o líderes de organizaciones locales, a quienes convence y “empodera” a través de la selección y nombramiento como emprendedores o con subvenciones condicionadas, y que posteriormente fungirán como llaves de paso. Esto entonces les permite interactuar con las poblaciones rurales utilizando una estrategia de penetración sociopolítica capilar, a la que también hace referencia en su perfil (AVINA, 2018).

Otra táctica que pone en duda las intenciones de los actores junto con toda la carga filantrópica que le adjudican es la cooptación de representantes comunitarios, o su remplazo por líderes que ellos asignan, así como la relación y acuerdos previos con funcionarios o empresas. Si nos enfocamos en la operación del actual gobierno encaminada a cumplir Planes de Desarrollo, no se puede confiar en que el proceso de asociatividad de estas entidades esté vinculado al fortalecimiento de las prácticas de autogobierno, que en su mayoría espacialmente se encuentran en territorios con interés prioritario para la actividad económica.

 

Observaciones finales

En un escenario donde los sistemas comunitarios estuvieran regulados por la administración pública, la gestión del agua muy probablemente se conduciría hacia la homogenización de tarifas “adecuadas” a su criterio e incluso a la privatización. Recordemos que muchas de las comunidades autorregulan su administración por medio del cobro de cuotas avalado en asambleas. Afortunadamente en cuanto a pueblos originarios, los acuerdos y decisiones que se emiten a través de sus propias formas de gobierno están por encima de cualquier posición política, órgano regulatorio o ley que determine el gobierno estatal. En el caso de la gestión comunitaria del agua que se localice en este tipo de estructuras comunitarias, es obligación de la administración pública, fundaciones o actores privados, realizar consultas previas e informar con detalle acerca de las implicaciones de su intervención, para que sean estas poblaciones las que determinen acciones.

Continuamente las empresas se asocian con fundaciones para alcanzar los mismos fines exponiendo objetivos secundarios bajo el discurso de igualdad o desarrollo, adoptando lo que se llama Plan B del capital: “suma de maniobras imaginables destinadas a ganar consenso, legalizar estas formas de enriquecerse, lograr obediencia y/o complicidad, publicitar sus objetivos como si fueran idénticos a los de la sociedad y desacreditar las alternativas como si fueran ataques” (Galafassi y Dimitriu, 2007). Lo que al principio pareciera ser un proceso para garantizar el derecho al agua, podría convertirse en una estrategia de influencia local para legitimar la intervención del gobierno o empresas desde el interior de las prácticas autónomas, por medio de acuerdos con emprendedores sociales que trabajan en estas poblaciones donde la falta de información las coloca en una situación desigual ante la operación y actuación público-privada.

La infiltración del capital filantrópico conforma un dispositivo desintegrador de lazos comunitarios y tiene por objetivo acercar a las multinacionales y/o gobierno estatal a esas comunidades donde la estructura no lo ha permitido antes. Por otro lado, la acción filantrópica triunfante que sustituye dinámicas cooperativas daría como resultado cierta desvalorización del enfoque humano de cooperación, la cual se convierte en objetivo primordial de la asociatividad público-privada que se beneficia con su desvanecimiento. Lo anterior se puede pensar como una estrategia para acceder sutilmente a los elementos de uso común y transformar los ecosistemas en recursos públicos gestionados por el gobierno pero asignados al gran capital, prácticamente una condena a la destrucción.

Es necesario hacer frente y visibilizar colectivamente la reinterpretación del concepto de gestión  comunitaria que maneja el sector público y las organizaciones que colaboran (como fundación AVINA y CLOCSAS), al igual que la valoración de las prácticas cooperativas como estructuras sociales, no como problemas o efectos debido a la ausencia de la administración pública. En el entendido de que por sobre los conceptos están las experiencias comunitarias, y estas no aterrizan en ninguna dimensión del esquema que plantean los programas o instituciones del gobierno, lo cual no es casualidad, tiene que ver con el hecho de que siempre han sido contradictorias con los intereses del sector público-privado que descansan en una lógica económica o de acumulación de poder. En este sentido, resulta bastante ingenuo pensar en CLOCSAS y su modelo de confederación como un ente descentralizado y autogestionado, pues si los gobiernos locales participan en la regulación, tan sólo su intervención ya implica a una lógica impositiva de normas, programas, homogenización y control de las prácticas comunitarias.

Si bien, es cierto que existe tecnología para mejorar los sistemas de abastecimiento y saneamiento en zonas rurales y es posible su implementación, también es necesario visibilizar la ausencia de interés de los gobiernos por mantener la actual infraestructura y saneamiento del agua, que tal tecnología implica un gasto e incluso una tendencia a la privatización del servicio o transferencia de regulación (de las comunidades al gobierno). Es necesario actuar con cautela ante la intervención de todos los actores mencionados, lo cual no significa que se haga caso omiso de sus obligaciones pero sí evitar cualquier amenaza a los territorios, al derecho a la información, a las formas de gobierno, a la economía local, a los lazos comunitarios, a los ecosistemas, la vida, a las comunidades, todo debido a intereses político-privados y a la explotación de los elementos que se practican en lo común, como el agua.

M.C.

 

Referencias

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